El año 2016 entró en vigencia la Ley de Inclusión, iniciativa que inicio su tramitación en el año 2014, en el marco de la Reforma Educacional la ley de Inclusión y que termina con el lucro con recursos públicos, la selección de estudiantes por sus condiciones de origen, y el copago como aporte obligatorio de los padres para dar paso a un sistema público de provisión mixta, que consagra el acceso universal a la educación sostenida por el aporte de chilenos y chilenas.
Esta Ley busca asegurar que las niñas y niños accedan desde sus primeros años de vida a una educación gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos que les permitan desarrollar todas sus potencialidades; sin duda, esta iniciativa impone al sistema educativo un gran desafío, pues releva la necesidad de hacer visibles formas y estrategias que permitan a las organizaciones educativas incorporar una Educación integral, capaz de superar problemas estructurales como las diferencias sociales y económicas, a fin de propiciar una convivencia integradora con el claro objetivo de avanzar en un cambio cultural que supera al ámbito educativo, que tiende al desarrollo integral de la comunidad.
A la fecha en nuestra región un total de 20 establecimientos han optado por ser parte de la Ley de inclusión y cambiar su régimen a gratuidad. Esto permite que más de 9.700 familias hayan dejado atrás la preocupación por el pago mensual de la colegiatura, siendo parte del pasado el temor de que, por no contar con el dinero necesario, sus hijos e hijas dejen de ser parte de una comunidad educativa. Con esta ley avanzamos para que nuestras escuelas y liceos tienen sus puertas abiertas para recibir a todos los niños, niñas y adolescentes sin importar el lugar donde vivan o la ocupación de sus padres. Hoy los padres y apoderados podrán destinar esos recursos a otros aspectos valiosos del desarrollo familiar.
Es importante señalar que esta iniciativa elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que significa que todos los recursos públicos deben ser invertidos para mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Para el 2018 todos los colegios que reciban aportes o subvenciones del Gobierno deberán estar organizados como entidades sin fines de lucro. Esto significa que todos los recursos destinados a la educación, sean aportados por los padres y/o el Fisco, deberán ser usados sólo en los fines educativos.
Igualmente, avanzamos en materia de admisión, se ha iniciado la transición a un nuevo sistema trasparente y no discriminatorio en todos los colegios que reciben aporte del estado, en este nuevo marco los padres y apoderados podrán postular a todos los establecimientos de este sistema de provisión mixto, efectuando una priorización en su postulación de acuerdo al proyecto educativo que elijan para sus hijos, es importante destacar que cada establecimiento educacional desarrollará su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Estamos trabajando para entregar a los establecimientos y sostenedores todo el apoyo que requieren para dar este importante paso con confianza y optimismo, y es por ello que, a través de la Unidad de Apoyo a los Sostenedores de establecimientos educacionales, estamos entregando
información, asesoría y apoyo para que puedan dar este paso hacia la inclusión con tranquiliza y certeza, de que su aporte contribuye al desarrollo de un Chile inclusivo que crece bajo el principio de la equidad.
