Entre las iniciativas, el proyecto de ley propone un nuevo estándar para la gestión interna de la convivencia, Plan de Gestión de la Convivencia Educativa y creando la figura del Coordinador de Convivencia Educativa.

Junio. 2026. La sala del Senado aprobó este miércoles, por unanimidad, el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que es impulsado por el Ministerio de Educación y que ahora será revisado en particular en la Comisión de Educación del Senado, y cuya tramitación es parte incluso de las exigencias de las y los profesores, a propósito de los últimos casos de violencia escolar.

Al respecto, el seremi de educación de Los Ríos, Juan Pablo Gerter, declaró que esta noticia refleja el compromiso de legislar a favor de espacios educativos más seguros inclusivos y respetuosos donde cada estudiante puede desarrollarse plenamente. En esa misma línea, agregó que, “es un paso significativo para fortalecer la educación y los establecimientos escolares como espacios seguros para todos quienes componen las comunidades. Sin una convivencia sana que forme niñas y niños, que en el futuro serán los ciudadanos del país, es muy difícil construir sociedades sobre la base del respeto y el desarrollo de procesos de aprendizaje”.

Proyecto de convivencia

El proyecto de ley propone un nuevo estándar para la gestión interna de la convivencia, actualizando los reglamentos internos y el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa, incorporando capacitaciones de la Superintendencia de Educación, y creando la figura del Coordinador de Convivencia Educativa, para que tenga un perfil profesional idóneo, dedicación exclusiva y jornada completa.

Respecto al bienestar de los equipos educativos, se propone reforzar el resguardo de la autoridad pedagógica y los derechos de las y los trabajadores de la educación, para lo cual se mejorarán los estatutos que rigen a los trabajadores de la educación y los procedimientos de calificación de enfermedades profesionales por estrés laboral. Además, se resguardará que los establecimientos puedan denunciar a todo evento los casos de agresión a trabajadores de la educación.

El proyecto también refuerza los deberes de prevención y actuación para el adecuado resguardo de los integrantes de la comunidad, para lo cual los adultos de las comunidades educativas deberán informar oportunamente sobre hechos que tomen conocimiento de acoso, violencia o discriminación contra cualquier miembro de la comunidad.

Además, los establecimientos deberán adoptar medidas preventivas, los sostenedores tendrán que garantizar la actuación oportuna del establecimiento, y los procedimientos disciplinarios deberán asegurar la imparcialidad, privacidad, proporcionalidad y celeridad.

Por último, el proyecto reformula la línea de reclamos de la Superintendencia de Educación, para acompañar preventivamente a los establecimientos, y amplía el rol de la Agencia de Calidad de la Educación para entregarles herramientas a las comunidades en el monitoreo de su convivencia interna.